El Senado de la República Dominicana aprobó este martes, en segunda lectura, la modificación a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, una reforma que busca reforzar el control del financiamiento político y evitar la infiltración de recursos ilícitos, lavado de activos y crimen organizado en las estructuras partidarias del país.
La iniciativa fue acogida como parte de un paquete de reformas orientadas a fortalecer la transparencia, la integridad institucional y la supervisión del origen de los fondos que reciben precandidatos, candidatos, dirigentes y donantes dentro del sistema político dominicano.
Con la modificación a la Ley 33-18, se incorpora el concepto de debida diligencia, obligando a los partidos y movimientos políticos a implementar controles internos más estrictos. Estos deberán garantizar el conocimiento claro y verificable del origen de los bienes y actividades económicas de todos los actores vinculados a procesos internos y electorales.
En la práctica, las organizaciones políticas estarán obligadas a establecer programas de cumplimiento normativo para prevenir delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción e infiltración del crimen organizado. Todo esto bajo la supervisión de la Junta Central Electoral (JCE), que tendrá un rol clave en la fiscalización del cumplimiento.
