El Ministerio Público solicitó ayer que el principal imputado por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht, Ángel Rondón, sea condenado a diez años de prisión, igual que el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
También pidieron que el abogado Conrado Pittaluga sea sentenciado a siete años de prisión, mientras que para Juan Roberto Rodríguez, exdirector del Inapa; el exsenador Tommy Galán y el expresidente del Senado, Andrés Bautista, solicitaron una condena de cinco años de reclusión.
Pero los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no se quedaron ahí. Pidieron a las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que junto con las penas, a todos los imputados les sean decomisados bienes millonarios que supuestamente son producto de los actos de corrupción cometidos por estos para beneficiar a Odebrecht con obras estatales.
También que cada imputado pague una multa de 200 salarios mínimos.
Entre los bienes muebles e inmuebles que solicitaron sean incautados a favor del Estado Dominicano figuran diferentes apartamentos ubicados en la Torre Caney de la avenida Anacaona, en el Distrito Nacional, además de otras propiedades en Baní, Las Terrenas, San Pedro de Macorís, El Seibo, Higüey, La Altagracia y otras localidades del país.
Otros bienes solicitados en decomiso consisten en certificados de títulos, certificados de inversión y cuentas corrientes y de ahorro en pesos y dólares de diferentes entidades bancarias.
El Ministerio Público también demandó que al Estado dominicano se le entreguen todas las propiedades de las empresas que los imputados supuestamente utilizaron para lavar activos producto de los sobornos recibidos de la constructora brasileña.
