El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el viernes por unanimidad una resolución que exige el fin de la violencia y de la actividad criminal en Haití, e impone sanciones a individuos y grupos que amenazan la paz y estabilidad de la nación más pobre del hemisferio occidental, comenzando con un poderoso líder pandillero.
La aprobación de la resolución por parte de las 15 naciones que integran el Consejo de Seguridad, cuyas divisiones se han exacerbado por la invasión rusa de Ucrania, mostró una señal inusual de que los miembros del consejo pueden trabajar juntos, por lo menos en algunas crisis globales.
“Estamos enviando un mensaje claro a los malos actores que tienen a Haití como rehén”, dijo la embajadora de Estados Unidos Linda Thomas-Greenfield tras la aprobación de la resolución. “La comunidad internacional no se quedará de brazos cruzados mientras causan estragos en el pueblo haitiano”.
El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, elogió la unidad del consejo en un asunto complicado. Señaló que en esta crisis, el Consejo de Seguridad ha dado una señal clara de que la violencia tiene que parar y no debe quedar impune.
Estados Unidos y México, autores de la resolución de 10 páginas, aplazaron la votación el miércoles para revisar el texto a fin de ganar mayor apoyo entre los miembros del Consejo.
La embajadora estadounidense declaró que la resolución era un primer paso importante por parte del Consejo de Seguridad para ayudar a los haitianos que quieren acciones contra los delincuentes, incluidos miembros de pandillas y los que los financian. Señaló que una segunda resolución, en la que Estados Unidos y México están trabajando, ayudará a restaurar la seguridad y permitirá la entrega de ayuda humanitaria, autorizando “una Misión Internacional de Asistencia a la Seguridad que no sea de la ONU”.
La forma que podría tomar esa ayuda ha sido controvertida para algunos miembros del consejo y para los haitianos que desconfían de la participación militar extranjera en el país, especialmente por parte de Estados Unidos.
El texto definitivo eliminó la referencia a un pedido hecho el 7 de octubre por el Consejo de Ministros de Haití de enviar con urgencia una fuerza militar internacional para enfrentar la violencia y mitigar la crisis humanitaria. También se rompió la mención de una carta del secretario general de la ONU, António Guterres, fechada el 8 de octubre, que presentó alternativas para ayudar a la Policía Nacional haitiana a combatir la violencia de las pandillas.
La inestabilidad política ha sacudido a Haití desde el asesinato, aún no resuelta, del presidente Jovenel Moïse, que enfrentó protestas que pedían su renuncia por acusar de corrupción y reclamaciones de que su mandato de cinco años había expirado. Moïse disolvió el Parlamento en enero de 2020 después de que los legisladores no celebraran elecciones en 2019 en medio de un estancamiento político.
La vida cotidiana en Haití comenzó a salirse de control el mes pasado, apenas horas después de que el primer ministro Ariel Henry dijera que se eliminarían los subsidios a los combustibles, lo que con frecuencia que los precios se duplicaran. La pandilla de Cherizier bloqueó la terminal de combustible de Varreux para exigir la dimisión de Henry y protestar por la subida de los precios del petróleo.
Haití ya lidiaba desde antes con una inflación que puso los alimentos y el combustible fuera del alcance de muchos, y las protestas han llevado a la sociedad al punto del colapso. La violencia causa estragos y hace que los padres tengan miedo de enviar a sus hijos a la escuela. Los hospitales, los bancos y las tiendas de alimentos pasan apuros para mantenerse abiertos. El agua potable escasea y el país enfrenta un brote de cólera.
“Cherizier y su confederación de pandillas G9 están bloqueando activamente la libre circulación de combustible desde la terminal de Varreux, la más grande de Haití”, señala la resolución. “Sus acciones han contribuido directamente a la parálisis económica ya la crisis humanitaria en Haití”.
También dice que “ha planeado, dirigido o cometido actos que constituyen graves abusos contra los derechos humanos”.
Fuente: AP
