De acuerdo a documentos legales los únicos propietarios de la parcela número 10-D, del distrito catastral número 2 de la Ensenada y Punta Rucia en las provincias Puerto Plata y Montecristi, respectivamente, ha sido la familia López Westen.
En el Archivo General de la Nación reposan registros de que José Celestino López adquirió esas tierras entre los años 1888 y 1890. Para ese entonces, el señor López y su esposa Luisa Westen se dedicaban en esa propiedad a la cosecha y comercialización de madera preciosa, así como a la producción de sal y tabaco.
Con su muerte, esos lotes, cerca de 50 mil tareas de tierras ubicados entre Punta Rucia, la Ensenada y Guayubin, han pasado por las manos de cinco generaciones de la familia López Westen.
Sin embargo, desde la década del 60 al presente esa familia ha tenido que lidiar con invasores que han tratado de apropiarse de esas tierras a pesar de que cuentan con sus documentos legales, emitidos por el Tribunal Superior de Tierras de la República Dominicana.
Así lo establecen los tribunales del distrito judicial de Puerto Plata y la Suprema Corte de Justicia al otorgar ganancia de causa en una demanda penal contra el abogado César Amadeo Peralta, a quien condenaron en el 2006 a tres meses de prisión por invasión de propiedad.
En el 2007, el caso fue llevado por Peralta a la Suprema Corte de Justicia, donde también fue favorecida la familia López Westen tras demostrar que son los legítimos propietarios de las tierras invadidas. A pesar de la sanción el imputado no fue apresado.
Para el año 2016, el juez del tribunal de Ejecución de la Pena de Puerto Plata ordenó el arresto en contra de César Amadeo Peralta, a fin de proceder a dar ejecución en el aspecto penal a las disposiciones contenidas en la Sentencia número: 2722006-00109, de fecha ocho de agosto del año 2006, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, imponiendo al imputado a cumplir la pena de tres meses de reclusión.
Ordenó también colocar impedimento do salida del país contra César Amadeo. Además, el condenado debía pagar los gastos legales del proceso. Sin embargo, no lo cumplió Y tampoco fue apresado.
A pesar de esa condena, invasores siguen ocupando los terrenos de la familia López y de otras familias en Punta Rucia y la Ensenada.
Debido a esa situación, la Procuraduría General de la República se encuentra en el proceso de revisión de los deslindes de los terrenos del destino turístico de Punta Rucia y la Ensenada.
El objetivo de esa intervención es determinar la transparencia y legalidad de estas propiedades.
