La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional comenzó este martes el conocimiento de los recursos de apelación presentados por los condenados en el denominado Caso Antipulpo, uno de los expedientes de corrupción administrativa de mayor impacto en el país.
Entre los apelantes figura Juan Alexis Medina Sánchez, señalado como principal responsable de un entramado que, según las autoridades, provocó un perjuicio económico al Estado superior a los RD$5,000 millones.
La causa judicial también involucra a varios exfuncionarios y particulares vinculados a la presunta estructura delictiva. Entre ellos se encuentran Magaly Medina, Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República, y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, quien se desempeñó como fiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Durante la etapa final del juicio, el Ministerio Público sostuvo que las evidencias recopiladas permitieron demostrar la existencia de un esquema de corrupción encabezado por Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.
De acuerdo con la acusación, la red operó principalmente mediante contrataciones y adjudicaciones irregulares en la OISOE y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), favoreciendo intereses particulares con recursos públicos.
La fiscal Elizabeth Paredes indicó que la investigación reveló presuntas maniobras para la compra de contratos y la asignación irregular de obras estatales. Asimismo, el expediente incluye a otros implicados, entre ellos la consultora jurídica Lina de la Cruz Vargas, Pachrysty Ramírez, Víctor Encarnación y Aquiles Christopher. También se menciona a Francisco Pagán, exdirector de la OISOE, quien previamente fue condenado por su participación en el mismo caso.
Las pesquisas del órgano acusador señalan que Alexis Medina habría utilizado una red de personas y empresas para canalizar recursos públicos de manera irregular. Entre los nombres citados figura José Dolores Santana, quien presuntamente actuaba como representante formal en diversos contratos, mientras que las empresas Domedical Supply SRL y General Supply SRL habrían recibido pagos millonarios provenientes del Ministerio de Hacienda como parte del esquema investigado.
