El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump propuso otorgar a los funcionarios de inmigración la facultad de denegar la residencia permanente a solicitantes que consideren que pueden ser «una carga pública«, con lo que revive una de sus políticas migratorias más controvertidas de su anterior Administración.
La propuesta presentada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés), una agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), derogaría la regla de 2022 sobre la carga pública, que permite a las autoridades de inmigración negar la entrada a EE.UU. o la concesión de la conocida tarjeta verde (‘green card’) a un extranjero que considere supondrá una carga económica para el país.
Trump amplió la regulación en 2019 para vetar a los inmigrantes que hubieran solicitado asistencia social para alimentación, vivienda o cuidado de la salud, como el programa Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), lo que dejó a muchos indocumentados sin posibilidad de optar por la residencia permanente y ocasionó que muchas familias dejaran de recibir ayudas para sus hijos estadounidenses.
La Administración del expresidente demócrata Joe Biden (2021-2025) revirtió los cambios hechos por el republicano y relajó la veda, pero nuevamente el Gobierno Trump ha presentado cambios alegando que los beneficios gubernamentales “no deben incentivar” la inmigración.
“Las (actuales) disposiciones restringen la capacidad de los funcionarios del DHS para realizar determinaciones de inadmisibilidad por carga pública que sean coherentes con la política nacional expresa del Congreso”, dice el texto presentado que se publicará formalmente en el Registro Federal este miércoles.
