El aborto en tres causales, ha sido durante años objeto de debate en la República Dominicana, con opiniones de diversa índole, grupos a favor y en contra, argumentos sustentados en la ciencia, creencias personales y la religión.
El artículo 317 del Código Penal contempla lo siguiente: “La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible. La interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida, clínicamente comprobado, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”.
A pesar de que existe esta penalización, los abortos en el país no dejan de practicarse, en la mayoría de los casos de manera clandestina. En el año 2018 la organización no gubernamental de defensoría y promoción de los derechos humanos (Human Rights Watch), llevó a cabo una investigación en el país, que arrojó las consecuencias que tiene para los derechos humanos la prohibición total del aborto, proveedores de atención de salud y expertos. En esa ocasión dialogaron con 167 personas, incluidas mujeres y niñas. Sus testimonios revelan las crueles consecuencias de la estricta legislación sobre el aborto que existe en la sociedad dominicana.
Un testimonio presentado fue el de Dayelin, quien para entonces tenía 22 años. Ella confesó haberse sometido a un aborto clandestino cuando apenas tenía 12 años, tras quedar embarazada producto de una violación que sufrió por un hombre de 25 años.
“Era la primera vez que tenía relaciones, no quería tener sexo, no consentí. Y cuando supe que quedé embarazada estaba profundamente angustiada, lloraba desesperada porque no quería tenerlo. Yo era una niña, ¿qué iba a hacer con un bebé? Entonces un amigo me dio un té y tuve un aborto. No fui al médico, tenía miedo de ir a la cárcel”, recuerda.
Se estima que cada año, 25 mil mujeres y niñas son atendidas en el sistema de salud pública dominicano por complicaciones vinculadas con abortos espontáneos o inducidos, dentro de estas cifras las mayores consecuencias la sufren aquellas que no tienen la posibilidad de acudir a un médico privado y pagar por un aborto seguro, de igual modo quienes no pueden salir del país y trasladarse a algún lugar donde el aborto es permitido, incluso sin contar con ninguna causal.
Plasmadas, pero no cumplidas
El artículo 110 de la Constitución contempla lo siguiente: “La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible. La interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida, clínicamente comprobado, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”.
Estas disposiciones condenan a mujeres como “Esperancita”, quien sufría de leucemia y murió, pues los médicos interpusieron la vida del feto por encima de la suya, aun cuando era de extrema necesidad practicarle un aborto.
Hasta el momento no se conoce ningún caso que haya sido sometido a evaluación clínica para determinar que un embarazo puede ser interrumpido por malformación, menos aún por violación o incesto.
Las tres causales
Por tratarse de la dignidad de las mujeres, la lucha por “Aborto en tres causales” no van a parar y lo confirman las organizaciones de la sociedad civil y las grandes alianzas que han logrado, que luchan por la igualdad, la dignidad, la salud y los derechos de las mujeres. Hasta que no se despenalice el aborto, se aprueben “las causales” y se garantice la salud de las niñas, mujeres y adolescentes del país, seguirán manifestándose.
“Existe una gran influencia fundamentalista de grupos conservadores sobre los legisladores del Estado”, expresó Mildred Mata, trabajadora social del Núcleo de Apoyo a la Mujer y de la Unidad de Atención a la Violencia de Género en Santiago.
Los llamados “Provida” encabezados en su mayoría por conservadores de distintas religiones hacen contrapeso a la balanza con el objetivo de que el aborto no sea despenalizado, sustentando sus defensas en las creencias que durante años ha segado el conocimiento colectivo.
“Todos los eventos que representen tortura para una mujer, como son esas excepciones de embarazos no deberían ser temas de debates, sino un derecho garantizado, esa no son decisiones de otras personas, son decisiones de la mujer, porque es a ellas a quienes les afecta, su salud física, mental y emocional”, declaró Mata.
Además, afirmó que si el aborto fuese cuestión de hombres no se estuviera hablando de eso. ¨Si las vidas de ellos fuesen las que estuvieran en juego quizás el tema fuese otro. Cuando las cosas no nos tocan de cerca, no me perjudica a mí directamente todo está bien, porque yo tengo mis privilegios garantizados¨, estableció Mildred.
Víctor Bretón, director distrital de Canca la Reina, ha manifestado que apoya a las dominicanas: “Apoyo las tres causales porque también creo en la vida, en la salud de la mujer, en el respeto. Las tres causales son por la vida. La despenalización en el Código Penal es legítimamente constitucional, no más mentiras”, declaró.
Las tres causales no promueven el aborto como principal método de planificación familiar. Las organizaciones a favor de las causales promueven que se trabaje para disminuir la tasa de embarazos no deseados. Y en ese sentido, se facilite acceso a la anticoncepción, se desarrollen programas informativos de educación sexual, así como la inclusión de estos temas en el currículum educativo dominicano.
“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto para no morir”, es parte de la consigna de las agrupaciones de la sociedad civil.
Núcleo de Apoyo a la Mujer
“Despenalizar las tres causales en el Código Penal, es una petición de carácter de urgencia para garantizar los derechos a una vida digna de las mujeres y sobre todo las jóvenes que están en edades reproductivas”, expresó Manuela Vargas, directora del Núcleo de Apoyo a la Mujer.
“No concebimos que el Congreso Dominicano quiera condenar a las mujeres a esta situación. De igual forma, no confiamos en la llamada Ley Especial, porque si queda igualmente castigado en el Código Penal estaríamos en lo mismo¨, subrayó Vargas.
A nivel internacional
La penalización del aborto en República Dominicana es incompatible con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por representantes del Estado. Y negar ese derecho a las mujeres y las niñas constituye una forma de discriminación, acto de crueldad y negación a la salud.
Los colectivos locales cuentan con organismo internacionales que instan en forma continua a los Estados a despenalizar el aborto en todos los supuestos, como mínimo indispensable, garantizando el acceso seguro y legal cuando la vida o salud de la mujer embarazada se encuentra en riesgo y cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto o exista grave malformación fetal.
Las mujeres durante años han luchado por sus derechos y las grandes brechas de desigualdades existentes en distintos países sobre todo de Latinoamérica. Hoy día muchos hombres se han sumado a la causa, para exigir respeto e igualdad para las féminas, porque entienden que es la mejor forma de avanzar en la sociedad.
El activista social Osvaldo Brito, asegura que las sociedades más avanzadas del mundo han decido acoger las tres causales para que las mujeres sean protegidas. ¨Por eso demandamos de manera firme que el Congreso apruebe un Código Penal que incluya las tres causales como parte de los derechos adquiridos de las mujeres¨.
En el 2020 se dispararon los índices de mortalidad materna en un 27% más, y el Estado dentro de sus objetivos para el 2030, se propone reducir esta cifra, cosa que será imposible con la penalización total del aborto.
Con las manos atadas
El Ministerio de Salud Pública afirma que las complicaciones vinculadas con abortos espontáneos o inducidos causan, al menos, el 18% de las muertes maternas y aseguran que se encuentran atados de manos porque no pueden apoyar a esas mujeres, porque eso también es penado por ley.
El Guttmacher Institute informó que, entre los años 2000 y 2017, 27 países de todo el mundo reformaron su legislación sobre el aborto para ampliar el acceso legal a esta práctica. Aquí aún se discute después de 23 años de lucha si se aprueban o no las causales.
Para lograr que República Dominicana avance democráticamente es necesario que no se siga perpetuando un sistema desigual, negándoles a las mujeres un derecho que les pertenece, condenándolas a la clandestinidad y a la muerte.
Por: Jennifer Ortega, estudiante de Comunicación Social en la UASD
